¿Qué es el Plan?

La Ley N° 20.885 establece que el Plan establece también que el Plan contendrá objetivos y metas, la identificación de responsables, los recursos financieros disponibles, y un mecanismo de seguimiento y evaluación de sus resultados. Las acciones que contiene este Plan serán ejecutadas por distintos organismos del Estado, por lo que corresponde a la Subsecretaría de Derechos Humanos coordinar y dar seguimiento al cumplimiento de las medidas comprometidas, y aportar a la incorporación de un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas.

Los contenidos del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) se elaborarán considerando las siguientes fuentes:

Metodología

Con el fin cumplir con lo que mandata la ley, la Subsecretaría de Derechos Humanos elaboró una propuesta de contenidos y metodología, que fue aprobada por el Comité Interministerial de Derechos Humanos el 21 de abril de 2017.

Esta propuesta distingue tres momentos:

i. Preparación del proceso:

La Subsecretaría de Derechos Humanos realizó un levantamiento de los diagnósticos acerca de los principales problemas de derechos humanos en los ámbitos temáticos contenidos en el Plan. Para esta tarea se consideró como fuente principal el Informe Anual sobre la situación de derechos humanos en Chile que elabora el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Además, la Subsecretaría sistematizó las recomendaciones realizadas al Estado de Chile en el último informe de cada uno de los comités de seguimiento de tratados y en el Examen Periódico Universal (EPU), para cada uno de los temas a abordar en el Plan.
Tanto el diagnóstico de problemas como las recomendaciones al Estado fueron entregados a las contrapartes en materia de derechos humanos de los Ministerios y Servicios, con la finalidad de facilitar y orientar la identificación y priorización de acciones a comprometer.

ii. Desarrollo del proceso:

La elaboración del PNDH consideró el desarrollo de un proceso participativo en terreno y uno digital. También contempló acciones específicas para garantizar la participación de los pueblos indígenas y tribales.
El objetivo de dichos encuentros fue informar respecto de la elaboración del primer Plan Nacional de Derechos Humanos; conocer las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil y de los representantes de pueblos indígenas y tribales de cada región, respecto de las principales problemáticas de derechos humanos de la región, y priorizar las recomendaciones que debiera abordar el Estado para cumplir con el respeto, promoción, garantía y protección de los derechos humanos.
Adicionalmente, la página web http://www.planderechoshumanos.gob.cl ofreció una instancia de participación entre julio y agosto, donde cualquier persona interesada pudo seleccionar recomendaciones a ser priorizadas, para los temas contenidos en el PNDH.
Para la elaboración del PNDH la Subsecretaría de Derechos Humanos desarrolló un trabajo interinstitucional coordinado.
El marco de trabajo para este Plan Nacional de Derechos Humanos es el derecho internacional de los derechos humanos.
En cuanto al formato del Plan, de acuerdo con lo que exige la ley, este está organizado en torno a objetivos, metas y acciones. Los objetivos están definidos en términos de lo que se plantean los principales tratados de derechos humanos. Por su parte, las metas están planteadas de forma tal de responder a los principales problemas de derechos humanos identificados en cada ámbito. En cuanto a las acciones, estas han sido comprometidas por todos los ministerios, numerosos servicios y tres órganos autónomos.
La Subsecretaría de derechos humanos fomentó la incorporación del enfoque de derechos humanos en todas las acciones a ser comprometidas.

iii. Implementación:

El PNDH comienza su implementación en enero de 2018, por un periodo de 4 años. No obstante, se realizará una evaluación intermedia para permitir ajustes y adecuaciones que sean necesarios necesarios, y una evaluación al final.
Las acciones comprometidas por los Ministerios y servicios reflejan, por una parte, las priorizaciones sectoriales, pero al mismo tiempo, los esfuerzos de coordinación intersectorial en ámbitos de política, donde este ha sido y sigue siendo un desafío vigente. En este sentido, la coordinación intersectorial es vital para que el Estado pueda cumplir su obligación de respeto, protección y garantía de derechos, de manera eficaz y eficiente.